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KNOWTax&Legal
Nº 50 – Noviembre 2016
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Estos requisitos no son extraños al ámbito del
compliance
en materia de defensa de la competencia y, de hecho, se
asemejan bastante a los admitidos por otras autoridades
o los aceptados en otras áreas donde se dota a los
programas de cumplimiento de efectos jurídicos positivos,
como en el marco del derecho penal.
En el caso particular analizado en la Resolución, la CNMC
rechazó la consideración de la implantación
ex post
del
programa como una circunstancia atenuante formal
sobre la base de que no podía inferir una aplicación eficaz
del programa y no disponía de indicaciones sobre la
valoración y consecuencia de aplicar tal programa a los
hechos investigados. A pesar de ello, la CNMC considera
que el hecho de que en este caso no estemos ante
una atenuante formal no impide que
“la adopción de un
programa de cumplimiento pueda ser tenido en cuenta en
este caso para modular la sanción”
.
Con estos planteamientos, y siguiendo un recorrido similar
al proceso seguido en el marco del derecho penal, la
Resolución
Mudanzas Internacionales
viene a apoyar los
esfuerzos en inversiones de los agentes económicos en
materia de
compliance
, favoreciendo la implantación de
programas de este tipo mediante el reconocimiento de
su entidad como factores reductores de la cuantía de una
eventual sanción e identificando algunos de los elementos
esenciales que deben contemplar.
Es importante, no obstante, el comprender que la
implantación de programas efectivos de cumplimiento
legal va más allá de la adopción de políticas o
procedimientos formales y que debe aspirar a modificar la
mentalidad de sus empleados y directivos. En la práctica
la CNMC exigirá a las empresas acreditar algo parecido a
lo que el Departamento de Justicia de los EEUU denomina
“esfuerzos genuinos para cambiar la cultura empresarial”
en esta materia.
En suma, la Resolución
Mudanzas Internacionales
acoge,
junto al elemento disuasorio tradicional de la actividad de
la CNMC, un elemento suasorio, ofreciendo un incentivo
claro a las empresas para que inviertan recursos en el
desarrollo de programas de cumplimiento comprensivos y
eficaces.